21/NOV/2016
Elecciones Junta Directiva. Noviembre 2016
Raimundo Fortuñy reelegido Decano del Colegio Notarial de las Islas Baleares
De enero a octubre de 2016, más de 142.000 baleares acudieron a un notario de esta Comunidad para realizar algún tipo de operación
Los notarios están repartidos por todo el territorio español, incluso en localidades muy pequeñas, con el fin de garantizar este servicio público. En las Islas Baleares hay 79.
El colectivo notarial está organizado por Colegios, 1 por Comunidad Autónoma, que les apoyan en su función y al tiempo controlan su actuación.
Palma de Mallorca, 21 de noviembre de 2016 - En las elecciones celebradas ayer, Raimundo Fortuñy Marqués ha sido reelegido decano del Colegio Notarial de las Islas Baleares para los próximos cuatro años. Fortuñy tiene 55 años y es notario desde de 1987. Ejerce en Calviá (Mallorca) desde agosto de 1997.
En el período comprendido entre enero y octubre de este año, 142.690 ciudadanos baleares acudieron a los 79 notarios de esta Comunidad para cuestiones como la compraventa de inmuebles, testamentos, constitución de sociedades, adjudicación de herencias, donaciones, capitulaciones matrimoniales, bodas y divorcios, poderes, pólizas y actas, entre otros servicios notariales.
La nueva Junta queda integrada por Raimundo Fortuñy Marqués, notario de Calviá (Mallorca) (decano); Álvaro Delgado Truyols, notario de Palma de Mallorca (vicedecano); Bartolomé Bibiloni Guasp, notario de Alcudia (Mallorca) (censor primero); Enrique Cases Bergón, notario de Manacor (Mallorca) (censor segundo); María Dolores Fraile Escribano, notaria de Sant Antoni de Portmany (Ibiza) (censor tercero); Enrique Mª Gari Munsurí, notario de Mahón (Menorca) (censor cuarto); David Fiol Busquets, notario de Alaró (Mallorca) (censor quinto); Miguel Amengual Villalonga, notario de Palma de Mallorca (tesorero), y José Antonio Carbonell Crespí, notario de Palma de Mallorca (secretario).
Función del notario
El notario es un funcionario público que ejerce en régimen profesional. Controla la legalidad y es un pilar básico del sistema de seguridad jurídica preventiva español. Tiene el deber de asesorar imparcialmente, interpretar, configurar y autentificar con arreglo a la ley la voluntad de las partes, que recoge en la escritura pública. Por eso el Estado atribuye a la escritura importantes efectos: tiene valor probatorio, ejecutivo y legitimador.
Los notarios en España, más de 2.800, están repartidos geográficamente por todo el territorio español, incluso en localidades muy pequeñas, con el fin de garantizar este servicio público. Los ciudadanos tienen el derecho de elegir al notario que prefieran. El colectivo notarial está organizado por Colegios, 1 por Comunidad Autónoma, que les apoyan en su función y al tiempo controlan su actuación. Los decanos de estos 17 colegios integran el Consejo General del Notariado, que representa al colectivo a nivel nacional. Los notarios dependen jerárquicamente de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) del Ministerio de Justicia.
Los ciudadanos acuden al notario en momentos muy importantes de su vida: las notarías son observatorios de la realidad del país. Se acude al notario para: comprar o vender un inmueble; contratar un préstamo hipotecario o personal; constituir una sociedad; hacer testamento; heredar, hacer una declaración de herederos abintestato; donar; proteger jurídicamente a un hijo discapacitado; otorgar capitulaciones matrimoniales; otorgar un poder; redactar un acta; hacer una póliza; nombrar tutores; gestionar arrendamientos; formalizar convenios de separación; ejercer retractos, etc.
El asesoramiento ofrecido por parte del notario a la ciudadanía es imparcial y gratuito y, junto a la libertad de elección del notario, hace posible que los ciudadanos con menor nivel adquisitivo y sin experiencia en temas legales accedan a un servicio de las mismas características y garantías que el resto. Los honorarios de los notarios están determinados y controlados por el Estado, por lo que todos cobran lo mismo por idéntico servicio. Los notarios han sido positivamente valorados por su colaboración con las autoridades en materia de prevención del blanqueo de capitales y por su permanente actualización y mejora de conocimientos